El Ministerio de Economía autorizó la venta del 100% de la empresa estatal mediante un proceso público global. La medida incluye plazos, condiciones y la participación de organismos nacionales.

El Gobierno nacional dio un paso clave en el proceso de reforma del Estado al autorizar la privatización total de Intercargo S.A.U., mediante el lanzamiento de una licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de su paquete accionario.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía de Argentina, en línea con lo establecido por la Ley 27.742 y el Decreto 198/2025, que habilitan el proceso de privatización de empresas públicas consideradas estratégicas.

Según se detalla en la normativa, la venta se realizará mediante una licitación de etapa múltiple, con el objetivo de garantizar transparencia, competencia y la participación de oferentes tanto nacionales como internacionales. El procedimiento se llevará adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde los interesados podrán acceder a la documentación y presentar sus propuestas.

Claves de la privatización de Intercargo
El proceso contempla la venta total de la empresa, sin implementación de programas de propiedad participada ni preferencias para sectores específicos. Además, el precio base surge de una valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Entre los plazos establecidos, se fijó como fecha límite para la presentación de ofertas el 7 de mayo de 2026, mientras que las consultas podrán realizarse hasta el 27 de abril.

Otro punto relevante es que, previo a la concreción de la venta, el Estado deberá rescindir el contrato de concesión vigente que le otorga a la empresa la exclusividad en el servicio de rampa en los aeropuertos del país.

Desde el Ejecutivo sostienen que el proceso busca mejorar la eficiencia operativa, atraer capitales y modernizar los servicios aeroportuarios, en un contexto de cambios en la economía y en el funcionamiento del sistema de transporte aéreo.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en uno de los procesos de privatización más relevantes del año, en un sector estratégico vinculado a la actividad aeronáutica y al comercio internacional.