Con el rechazo de los libertarios y el voto en contra de Dos Santos, la oposición logró aprobar la ley que obliga a transferir fondos automáticamente y pone presión sobre el Gobierno por los millonarios atrasos en la coparticipación.

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó este jueves por la noche el proyecto de ley que establece el envío automático —conocido como “goteo diario”— de fondos a los municipios, con 9 votos afirmativos. La iniciativa apunta a regularizar los retrasos en la coparticipación y otorgar mayor previsibilidad financiera a las administraciones locales.

El debate estuvo marcado por momentos de tensión entre el oficialismo y los bloques opositores. Desde la oposición, sectores cercanos a los municipios defendieron la aprobación de la norma al considerar que los atrasos impactan directamente en el funcionamiento de los servicios públicos y en la gestión cotidiana.

En ese marco, señalaron que la modernización de los sistemas administrativos permitiría implementar transferencias automáticas sin mayores dificultades técnicas. Además, sostuvieron que será la Agencia de Recaudación Fueguina la encargada de adecuar los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Por su parte, el oficialismo argumentó que la situación actual se encuentra dentro de parámetros “normales” y advirtió sobre la complejidad que implicaría separar y distribuir los recursos entre provincia y municipios en tiempo real. Sin embargo, desde la oposición insistieron en que las herramientas tecnológicas disponibles hacen viable el sistema.

La votación reflejó una división clara en el recinto: la iniciativa fue impulsada por la oposición, mientras que el bloque libertario acompañó la postura del gobernador Gustavo Melella y votó en contra. En la misma línea se expresó la legisladora del espacio Sumemos Tolhuin, que también rechazó el proyecto.

Durante la sesión, se expusieron cifras sobre los atrasos en la coparticipación: según se informó, el municipio de Ushuaia registraría una demora cercana a los 9 mil millones de pesos, mientras que en Río Grande el monto ascendería a unos 14 mil millones. Desde los sectores que respaldaron la ley, advirtieron que esta situación compromete el pago de obligaciones y la prestación de servicios esenciales.

La norma aprobada ahora quedará en manos del Ejecutivo Provincial para su promulgación o veto.