Ushuaia y Río Grande participaron de una reunión técnica con el Gobierno provincial para discutir la deuda acumulada por fondos coparticipables, donde Ushuaia reclama más de $14 mil millones de pesos mientras que la deuda hacia Río Grande supera los $17 mil millones en términos reales.
Ushuaia y Río Grande participaron de una reunión técnica con el Gobierno provincial para discutir la deuda acumulada por fondos coparticipables, donde Ushuaia reclama más de $14 mil millones de pesos mientras que la deuda hacia Río Grande supera los $17 mil millones en términos reales.
Por primera vez desde que se profundizó el conflicto por los fondos coparticipables, representantes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin se reunieron con el Gobierno provincial para discutir la deuda acumulada y los retrasos en las transferencias. Ushuaia reclama más de $14 mil millones y Río Grande asegura que la deuda total supera los $17 mil millones.
El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el ministro de Economía de Tierra del Fuego, Alejandro Barrozo. Por parte de Ushuaia estuvieron presentes la secretaria de Economía y Finanzas, Araceli Oviedo Giménez, y el subsecretario Legal y Técnico, Sebastián Macucho, mientras que Río Grande estuvo representado por la secretaria de Finanzas, Dra. Valeria Capotorto.
USHUAIA | Desde el Ejecutivo capitalino remarcaron que persiste un atraso cercano a los 40 días entre la percepción de los recursos y la efectiva transferencia hacia los municipios, situación que derivó en una deuda acumulada con Ushuaia que actualmente supera los 14 mil millones de pesos.
En ese marco, desde Ushuaia valoraron la apertura de una instancia de diálogo institucional, aunque señalaron que todavía no existen definiciones concretas respecto de plazos y mecanismos de pago.
RÍO GRANDE | Por su parte, la secretaria de Finanzas de Río Grande, Valeria Capotorto, detalló el estado del reclamo que mantiene el Municipio riograndense. “En el caso de Río Grande, la deuda exigible -es decir, aquella que ha sido reclamada formalmente por la vía administrativa- asciende aproximadamente a poco más de 10 mil millones de pesos. Si a esto se le suman los cálculos totales de fondos de coparticipación pendientes de transferencia a la ciudad, el monto global superaría los 17 mil millones de pesos en términos reales”, explicó.
La funcionaria indicó además que uno de los principales objetivos del encuentro fue avanzar hacia una normalización de los tiempos de transferencia. “Planteamos la necesidad de avanzar hacia un esquema más ordenado y previsible en la transferencia de fondos, con plazos que puedan reducirse para garantizar previsión y un mejor funcionamiento financiero de los municipios”, sostuvo Capotorto.
Durante la reunión también se trabajó sobre la posibilidad de reducir los plazos actuales de acreditación hacia un esquema de aproximadamente 20 días o menos.
Además, se acordó avanzar en una nueva reunión técnica prevista para el próximo 17 de junio, donde continuarán las discusiones vinculadas a la elaboración de una resolución que defina el nuevo esquema de coeficientes de coparticipación municipal y los porcentajes correspondientes a cada ciudad.
Desde el Municipio de Río Grande remarcaron además que “desde un primer momento, la gestión del intendente Martín Pérez ha promovido el diálogo y la búsqueda de soluciones a través de los canales administrativos y legales correspondientes”.
Capotorto subrayó finalmente que “estos fondos son fundamentales para sostener el funcionamiento cotidiano de la ciudad y dar respuesta al crecimiento de la demanda de políticas públicas que hoy, más que nunca, requiere Río Grande”.
Provincia | En paralelo, el ministro de Economía provincial destacó el clima de diálogo alcanzado durante el encuentro y aseguró que el balance fue “muy positivo”. “Pudimos avanzar en distintos temas vinculados a la distribución de recursos y, sobre todo, sostener un diálogo permanente que se ha mantenido en todo momento con cada uno de los municipios”, expresó.
El funcionario sostuvo además que el Gobierno provincial se comprometió a “ajustar y agilizar” los procesos administrativos vinculados a la distribución de fondos para garantizar mayor previsibilidad financiera.
Asimismo, Barrozo afirmó que “nunca existió una retención intencionada de recursos”, y explicó que las demoras “responden a procesos administrativos propios de la distribución”.
Finalmente, desde los municipios manifestaron la expectativa de que en las próximas reuniones puedan alcanzarse acuerdos concretos que permitan regularizar el flujo de recursos y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en cada ciudad.